Los constructores dicen que la sentencia de las plusvalías impide su cobro si no hay beneficio al vender un inmueble
La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) considera la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre las plusvalías un «varapalo judicial» para la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, quien «reiteradamente ha defendido la legalidad del tributo».
El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el impuesto de plusvalía municipal, que grava la revalorización de los inmuebles urbanos cuando son vendidos, si no se han producido ganancias, con lo que extiende a toda España los efectos de la doctrina acordada el pasado febrero para los territorios forales.
«La voracidad recaudatoria de los ayuntamientos ha llevado a cobrar plusvalías aún en los casos de minusvalías, es decir, en los supuestos en que en las transacciones de inmuebles se han registrado pérdidas, quizá, el 90% de las transmisiones inmobiliarias que se realizaron en 2015 y 2016», precisó la organización.
Para la CPAR, «la voracidad recaudatoria de los ayuntamientos riojanos ha sido patente en los últimos años», que «han seguido liquidando indiscriminadamente el impuesto de plusvalías». Según el Ministerio de Hacienda, en 2015, el impuesto de plusvalías dejó en las arcas municipales riojanas 9,3 millones, casi la mitad en Logroño.
El secretario general de CPAR, Juan Ramón Liébana, aseguró, en declaraciones a Noticias de La Rioja, que en 2013 ya advirtieron al Ayuntamiento de Logroño y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la ilegalidad del cobro, y añadió que con arreglo a la Constitución, los ayuntamientos ya no pueden seguir girando el impuesto de plusvalías cuando no hay beneficio en la venta de un inmueble.
Liébana pidió a las administraciones que renuncien al cobro del impuesto cuando se acreditan pérdidas en una venta y que devuelvan todo lo cobrado indebidamente. A su juicio, los ayuntamientos deben atender las reclamaciones que presenten ciudadanos y empresas sin obligarles a ir a los tribunales.
El Ayuntamiento espera la modificación de la Ley
Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño aseguró el miércoles que «seguirá actuando conforme a la legalidad y ajustará su actuación a la normativa vigente en cada momento».
Tras conocer la sentencia del Constitucional, el Ayuntamiento espera la modificación de la Ley de Haciendas Locales que promueve la FEMP, de la que es vicepresidenta la alcaldesa de Logroño.
Para el equipo municipal de Gobierno, es una sentencia que se esperaba, después del pronunciamiento en el mismo sentido de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y cuyos efectos están siendo analizados desde hace tiempo en la FEMP. De hecho, esa entidad ha convocado una nueva reunión para el día 30, en la que abordará la propuesta de la modificación de la Ley de Haciendas Locales.
El Ayuntamiento indicó que Gamarra anunció la necesidad de acometer una reforma de este impuesto, que debería vincularse a la financiación local, de modo que «se respeten los intereses de los contribuyentes y se salvaguarden los recursos de las Haciendas Locales». También informó de que la Dirección General de Gestión Tributaria del Ayuntamiento estudia el alcance de la sentencia.






