Sáinz y San Martín niegan presiones para adjudicar contratos vinculados con el ‘caso Enredadera’

Efe / Logroño

Los concejales de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, y Administración Pública, Mar San Martín, negaron el martes haber recibido ninguna presión o insinuación por parte de nadie para adjudicar contratos del ‘caso Enredadera’.

Sáinz y San Martín realizaron estas declaraciones en respuesta a cuestiones de los grupos municipales de la oposición durante la Comisión de Transparencia que investiga la presencia de esta trama en la capital riojana, en la que también participó el concejal de Tráfico, Francisco Iglesias.

San Martín, en respuesta al concejal del Partido Riojano (PR+), Rubén Antoñanzas, indicó que no ha mantenido ningún contacto directo con responsables de las empresas cuyos contratos con el Consistorio fueron intervenidos por agentes de la UDEF de la Policía Nacional el pasado 3 de julio.

Aseguró que no ha recibido regalos por parte de las empresas adjudicatarias de estos contratos y que no sabe quién es ni conoce a Fernando Corral, directivo de una de las empresas investigadas y citado «sin éxito» a comparecer en esta comisión, y que no le consta que la alcaldesa, Cuca Gamarra, se haya reunido con él.

«Somos muchos en el PP», indicó San Martín, para justificar que no conoce «el aspecto físico» de Corral, y eludió pronunciarse sobre las conversaciones de este empresario publicadas ante la opinión pública porque no tiene «nada que decir de las afirmaciones que haga un presunto delincuente».

El concejal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, preguntó por la parte de dichas conversaciones en la que José Alberto Bueno, uno de los máximos responsables de Gespol, aseguraba contar con influencia en el Ayuntamiento de Logroño, a lo que contestó que tampoco conoce a este hombre.

Parkings y grúa

San Martín recalcó, en respuesta a la concejala del PSOE, Beatriz Arraiz, que en el contrato de la grúa no había solo un aparcamiento que cumpliese con las condiciones del pliego, sino hasta dos distintos.

Respecto a este asunto, Sáinz apuntó que, antes de licitarse este contrato, se envió una carta escrita a todos los parkings de Logroño «advirtiéndoles de lo que se iba a hacer y diciéndoles que se necesitaban» cierto número de plazas y que «podían ser consultados por cualquier empresa interesada en llevar la grúa».

Concretó que había tres parkings que cumplían con las condiciones, uno de ellos localizado en Gran Vía y hasta ocho más que podrían haberlo hecho «con alguna adaptación funcional»; de hecho, hubo aparcamientos «que se plantearon realizar las obras».

El concejal socialista José Luis Díez cuestionó si la entrada en el Consistorio de la UDEF ha producido alguna inquietud en el equipo de Gobierno local hasta el punto de ordenar algún tipo de investigación para perfilar si ha podido haber algo.

La concejal indicó que «a nadie que es responsable de un ayuntamiento le gusta que la UDEF venga a pedir un contrato», pero no tiene «nerviosismo ninguno», sino que está «tranquila por todo el equipo de Gobierno y funcionarios de esta casa» al no contar con ningún dato que señale que es necesaria una investigación interna.

Por su parte, Sáinz resaltó que tanto por parte de Díez como de Cambia Logroño se ha sugerido que se realiza una investigación interna a los funcionarios del Consistorio logroñés y que el socialista utiliza «términos dañinos».

«Nosotros sí que defendemos el buen ejemplo de los funcionarios», destacó el concejal de Seguridad Ciudadana, quien añadió que «cuando ustedes nos traen y nos someten a un interrogatorio están poniendo en tela de juicio la honorabilidad de muchos funcionarios de la casa».

Afirmó haber mantenido reuniones con Corral y otros trabajadores de la empresa Aussa como consecuencia de haber sido la adjudicataria de la grúa, pero negó que el primero, «ni nadie», haya intentado «comprarle», como le preguntó Antoñanzas, ni que haya presentado a este empresario «a nadie del Gobierno de La Rioja».

Todos los grupos de la oposición mostraron su descontento con que la alcaldesa no haya comparecido en esta comisión, ya que, aunque no tenía una obligación legal, sí que «es una obligación moral y política como máxima representante del Ayuntamiento», resaltó Díez.

Sáinz señaló que se han realizado «valoraciones fuera de tono» sobre Gamarra y criticó una «utilización» de esta comisión por parte de la oposición.