El PP pide terminar la comisión del parking del San Pedro al archivar el fiscal el caso

Efe / Logroño

El PP ha pedido este martes que finalicen los trabajos de la comisión de investigación del aparcamiento del Hospital San Pedro una vez que la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada ha archivado el caso al no detectar irregularidades el Tribunal de Cuentas.

En un encuentro informativo antes de que se iniciase la comparecencia en esta comisión parlamentaria de la consejera de Salud, María Martín, el portavoz del PP en la Cámara riojana, Jesús Ángel Garrido, ha hecho esa petición en declaraciones a los periodistas.

Garrido ha insistido en que es «razonable» y «sensato» que finalicen los trabajos de la comisión de investigación tras conocerse el escrito de la Fiscalía, que sostiene que «la actuación de la Consejería de Salud en este asunto ha sido plenamente ajustada a derecho».

«Mediante todas las comparecencias realizadas, ya se ha explicado el contrato en sí mismo y tanto el Tribunal de Cuentas como la Fiscalía entienden que la actuación de la Consejería ha sido ajustada a derecho, por lo que pediremos que se concluyan los trabajos de esta comisión de investigación», ha insistido.

Ha añadido que el objeto de la comisión es redactar unas conclusiones finales y, si procede, trasladarlas a la Fiscalía, pero, «en este caso, la Fiscalía ya ha dicho que la actuación de la Consejería se ajusta a derecho».

Una vez que ya se ha pronunciado la Fiscalía y se ha explicado de manera «fehaciente» el contenido del contrato, «lo razonable es dar por concluidos los trabajos de la comisión», ha defendido.

«Si no fuese así, estaríamos ante un claro ejemplo de uso partidista de las instituciones, lo que no es un buen indicativo de calidad democrática», ha defendido.

La resolución de la Fiscalía Especial, del pasado 31 de mayo y contra la que no cabe recurso, se produce tras un escrito presentado por la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT de La Rioja, como parte de la Plataforma por un aparcamiento libre y sin barreras, relativo al aparcamiento del Hospital San Pedro de Logroño.

La Fiscalía asegura que, en este caso, «el Tribunal de Cuentas ha auditado no solo al Gobierno regional en general, sino más en concreto la contratación del tan mentado aparcamiento con el CIBIR» y «ha resultado de su examen que no existe irregularidad alguna, sino que concluye que la contratación no ha resultado perjudicial para el erario público».

Precisa que, «resultando que el delito supone un prius sobre la infracción administrativa, un algo más que la mera irregularidad», la Fiscalía archiva estas actuaciones al considerar que «de lo examinado no se ha desprendido ni siquiera esa infracción» y «los hechos nunca podrían ser constitutivos de infracción penal».

La resolución indica que, de las diligencias practicadas, ha resultado que la Consejería de Salud realizó una adjudicación de la gestión del aparcamiento del complejo hospitalario San Pedro con la empresa «CIBIR, S.L.» para la explotación, conservación y mantenimiento del aparcamiento de vehículos, donde se establecían cláusulas de rentabilidad, «pues se pretendía que dicho aparcamiento fuese vigilado».

«Obviamente, si la pretensión es de que el citado aparcamiento fuese mantenido, gestionado y vigilado con un mínimo de atención, el aparcamiento no sería jamás gratuito», añade el texto de la Fiscalía.

Precisa que «o bien su coste -del aparcamiento- lo abonaría el usuario que se beneficiase de su utilización, o bien su mantenimiento sería a costa de todos los ciudadanos de La Rioja por vía de los presupuestos de la Comunidad Autónoma».

También detalla que el denunciante entiende que el acuerdo alcanzado, que consiste fundamentalmente en convertir el aparcamiento en pago por su uso a costa de quien realmente lo utilice, resulta lesivo para las cuentas públicas.

Recuerda que el control de las cuentas públicas, así como determinar la responsabilidad por alcance, es competencia, en primer lugar, del Tribunal de Cuentas.

Cuando este Tribunal considera que existen indicios de perjuicio para la cosa pública, deriva el tanto de culpa a la fiscalía, que examina si los hechos que el Tribunal ha considerado irregulares, revisten indicios de delito.