La sociedad del soterramiento dice que no ha incurrido en sobrecostes

La sociedad Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002 aseguró ayer que no ha incurrido en sobrecostes de sus actuaciones desde el inicio de su actividad en 2003 y ninguna de las obras que ha financiado ha superado el precio con el que salieron a licitación, pero reconoce una «pequeña» desviación del 6,34 %, debida a diversas causas.

Su director general, Santiago Miyares, salía al paso del informe del Tribunal de Cuentas, que compara la previsión inicial de costes contemplada en los convenios fundacionales, en el caso de Logroño firmado en 2002, con la previsión actualizada de costes calculada a 31 de diciembre de 2016.

Entre las causas que justifican esta «pequeña» desviación, menciona la revisión de precios en algunos de los contratos, el derecho contractual amparado por la Ley de Contratos del Sector Público, la necesidad de tramitar alguna modificación de acuerdo a esta ley y la subsanación de situaciones imprevistas o incrementos de mediciones de proyecto.

La sociedad explica que todos los costes de la actuación de LIF se financian con cargo a un crédito de 220 millones de euros, concedido por un sindicato de entidades bancarias. Afirma que se han pagado, con cargo a este crédito, todas las obras ejecutadas, así como los de estructura, y, en la actualidad, queda disponibilidad suficiente del crédito para el pago de las obras y demás actuaciones pendientes hasta la conclusión de la primera fase del soterramiento.

Las cuentas de LIF han sido auditadas anualmente por un gestor independiente, quien, en todas, ha emitido un informe sin salvedades. Miyares añade que las últimas cuentas revisadas han sido las de 2017 y la conclusión, al igual que en ejercicios anteriores, fue que expresan, en todos los aspectos significativos, «la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre de 2017».

El coste previsto para las tres fases del soterramiento era, en 2002, de 187 millones y, a 31 de diciembre de 2016, ascendía a 420 millones de euros.