La Rioja pide a Fomento dinero para pagar el coste del soterramiento que no cubra la venta de suelo

Feli Agustín / Logroño

Casi dos décadas después de que el Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Fomento firmaran el convenio para hacer frente a las obras del soterramiento -en julio de 2002-, las administraciones locales pedirán mañana al Estado refinanciar las condiciones del mismo, en el marco de la reunión que tiene previsto celebrar el Consejo de Administración de la Sociedad LIF 2002.

Así lo adelantaron este jueves la alcaldesa, Cuca Gamarra, y el consejero de Fomento, Carlos Cuevas, que entienden que «vienen haciendo un esfuerzo desmesurado» en la financiación de las obras que iban a costar, para el conjunto de las tres fases 187 millones, y de la que solo la primera se ha presupuestado en 220 millones.

La actuación encomendaba la mitad de su financiación a la venta de los terrenos -95 millones, que aportaría el Ministerio-, además de los 30 que, según el convenio, tenía que pagar Fomento, mientras que la otra mitad la tenían que pagar, a partes iguales Ayuntamiento y Gobierno, que van abonando su parte con la ayuda de un crédito sindicado de 220 millones de euros.

De esta cantidad, según informó la alcaldesa, quedarían por sufragar 120 millones y con los terrenos sin vender –como pronto saldrán al mercado en verano- y con un valor actual desconocido, Gamarra se preguntó «¿y si esta cantidad no se cubre con los terrenos y con los 30 millones de Fomento, ¿quién lo paga?».

¿Quién paga?

Y ahí radica el problema. ¿Qué administración debe aportar los fondos? Pues Ayuntamiento y Gobierno entienden que el Ministerio debe asumir la mayor parte de esa suma y que no recaiga la carga en las administraciones «más débiles«. En principio, aunque es un asunto que hay que analizar, estudiar cantidades y establecer, de acuerdo con ellas, un reparto de obligaciones, podría ajustarse al actual capital social de LIF 2002, esto, 50% del Gobierno central, 25% de Ejecutivo regional y 25% de Ayuntamiento, aunque no descartan otro tipo de modalidad, incluso que sea Fomento el que asuma la posible deuda.

Sobre estos presupuestos, los consejeros riojanos de la Sociedad pedirán que se actualice el convenio porque los gastos fueron estimados sobre estudios previos y no sobre los proyectos constructivos y los terrenos fueron tasados según el mercado de entonces y sin el elemento corrector que ha supuesto la fuerte crisis económica que vino después, y con el fin, además, de sentar las bases para unas nuevas condiciones de financiación para las fases II y III. Así las cosas, la alcaldesa entiende que el actual contexto, en plena vorágine preelectoral, no puede obstaculizar la marcha de un proyecto que se ha demostrado de «éxito.» «En todos los años que llevamos con el proyecto, han cambiado partidos y caras, pero las instituciones siguen siendo las mismas, y el trabajo de una sociedad pública que está en marcha no puede parar», argumentó Gamarra.

Faltan 24 millones

En la reunión de mañana, los seis consejeros riojanos de LIF 2002 solicitarán a Fomento que abone 24 de los 30 millones que debe aportar, según figura en el convenio de 2002, a fin de aligerar las cargas que acarrea para Gobierno y Ayuntamiento el préstamo.

Igualmente, adelantó Cuevas, es momento de abordar los «activos cedidos» de los que disfruta Fomento, como la propia infraestructura ferroviaria totalmente renovada o el edificio de la estación de trenes que permite no solo la prestación del servicio sino la explotación de locales «cuya financiación aún sigue siendo soportada por el conjunto de la Sociedad».