La jueza pide información al Ayuntamiento por la denuncia contra dos concejales de Ciudadanos

Bárbara Moreno / Logroño

La jueza Rosa Esperanza Sánchez ha pedido al Ayuntamiento documentación por el caso de contratación ‘irregular’ de María Luisa Alonso. Esta juez investiga la denuncia que hizo uno de los miembros de la Junta Directiva Regional de Ciudadanos Enrique Echezarra contra Alonso y Julián San Martín, (ambos concejales de C´s, que firmaron un contrato a Alonso como auxiliar administrativo a cargo del Grupo Municipal Ciudadanos, mientras que la Ley de Bases de Régimen Local prohíbe contratos a cargo de grupos).

Éste denunció por un presunto delito de malversación de fondos públicos. La juez ha oficiado al Ayuntamiento de Logroño para que facilite documentación y copias de la normativa que les fue entregada a portavoces donde se hacía constar de la prohibición de usar los fondos asignados a los grupos parlamentarios para la contratación de personal, y también ha llamado a declarar como testigo al interventor del Ayuntamiento.

Así lo afirmaban este jueves fuentes judiciales a la vez que aseguraban que ni Alonso ni San Martín han sido llamados en calidad de investigados, como se hacían eco varios medios de comunicación. Las mismas fuentes explicaron que la juez no ha hecho ninguna imputación, ni ha tipificado el supuesto delito, sino que lo que está haciendo es investigar una denuncia, diligencias previas, y, en caso de que pueda ver indicios de denuncia penal, o de delito, podría llamar a Alonso y San Martín, en calidad de investigados o no. «Eventualmente los podrá llamar depende de lo que vea la jueza».

«Confío en la justicia»

Alonso explicaba este jueves que nadie les ha llamado a declarar, y no hay ningún juicio abierto, sino que se están investigando unos hechos en virtud de una denuncia particular, por lo que ella está a la espera de lo que quiera la juez, «confío en la justicia».

Preguntada por si dimitiría en caso de que fuera investigada (o imputada) por un delito de malversación de fondos públicos, Alonso dijo que no están en ese trámite, a la vez que recordó que esa contratación «fue un error administrativo no un delito penal ni nada que tenga que ver con corrupción». Y cuando se dieron cuenta devolvieron las cantidades por la contratación indebida. (La jueza también ha solicitado al Ayuntamiento el justificante de ese dinero devuelto).