El Gobierno elabora una Ley que abre un nuevo proceso de consulta pública

Efe / Logroño

El Gobierno de La Rioja prepara una nueva Ley de Participación Ciudadana y Colaboración Social, que abre un nuevo proceso de consulta pública para determinados asuntos de interés ciudadano, que anunciará anualmente, y que responde al compromiso del Ejecutivo de un gobierno abierto.

La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior y portavoz del Ejecutivo, Begoña Martínez Arregui, ha presentado este viernes al Consejo de Gobierno el borrador de esta futura ley, entre cuyas novedades está la creación de censos de participación ciudadana y un registro de grupos representativos.

Así lo ha explicado en la rueda informativa posterior al Consejo, en la que ha añadido que esta ley «parte de la idea de añadir instrumentos y fórmulas de la democracia directa y participativa».

Los censos de participación pretenden ordenar el espectro de la participación ciudadana y el registro, el de grupos representativos, ha informado la consejera.

Ha aclarado que, en ambos casos, tanto los ciudadanos como las entidades y grupos que así lo estimen oportuno podrán inscribirse voluntariamente para participar en los procesos participativos previstos en la Ley.

En cualquier caso, se trata de una inscripción voluntaria que servirá para que los ciudadanos puedan recibir información de la Administración, ha recalcado.

Otros instrumentos de nueva creación son la necesidad de planificar anualmente los procesos participativos y la de documentar la fase previa del proceso participativo, por medio de la denominada ‘carta de participación o colaboración’, que tiene como misión concretar el marco de compromisos que asume el Gobierno en relación al proceso participativo.

El objetivo de la Ley es «regular con mayor precisión el derecho a la participación ciudadana y los elementos esenciales de los procesos de colaboración social, y establecer medidas de fomento e incentivo para promover su efectividad», ha informado la consejera.

También ha explicado que «existe un consenso sobre la necesidad de introducir procesos de apertura», dado que «nos encontramos en un contexto de gran complejidad por cuestiones como la diversidad de políticas públicas, la multiplicidad y la cualificación de los actores que intervienen o por la merma de los niveles de confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones tradicionales».

La portavoz del Ejecutivo ha precisado también que, «ante este panorama, el Gobierno entiende la participación, la colaboración y la transparencia son los pilares que contribuyen a conformar nuevos escenarios relacionales en el marco del gobierno abierto».

Ha informado de que la Ley, que consta de 40 artículos agrupados en cuatro títulos, entiende por participación ciudadana «los procesos orientados a promover la implicación de la ciudadanía, organizaciones y la sociedad civil en general, en las políticas y servicios públicos».

Considera colaboración ciudadana «el desarrollo de procesos en los que los ciudadanos, organizaciones y sociedad civil en general se implican de manera activa en la co-creación y co-gestión de propuestas vinculadas con las políticas y servicios públicos».

Entre otros aspectos, recoge las finalidades de la Ley y sus principios rectores: universalidad; transparencia; gobierno abierto; responsabilidad y rendición de cuentas; transversalidad; vertebración social; facilidad y comprensión; accesibilidad, no discriminación tecnológica y adaptación de medios y lenguajes; efectividad y profesionalidad; y perdurabilidad.

Además, señala que la participación ciudadana y la colaboración social desarrollada en el ámbito de esta Ley deberán atender a los criterios de: tolerancia, respeto y civismo democrático; atención a la diversidad; perspectiva de género; protección a la infancia; respeto y protección a las personas mayores; integración social; respeto con el medio ambiente; y cultura de la paz.

Respecto a la colaboración social, alude al desarrollo de entornos colaborativos que sirvan para generar dinámicas de intervención combinada de recursos públicos y privados como mecanismo para favorecer la suma de esfuerzos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Es un concepto cercano al fomento de las prácticas de innovación social, como proceso de intervención en materia donde la complejidad y la preocupación social están especialmente presentes, y en las que fórmulas cooperativas y colaborativas con agentes y redes de actores ofrecen nuevas formas de actuar.

También incluye aspectos vinculados con el empoderamiento ciudadano, el establecimiento de incentivos, o la sensibilización y formación para una ciudadanía activa.

Con este borrador, el Gobierno inicia una nueva fase de participación que se prolongará durante los meses de marzo y abril al objeto de que, tras la tramitación correspondiente, la Ley pueda ingresar en el Parlamento a finales de mayo o principios de junio para iniciar su recorrido legislativo.