La Fiscalía archiva la denuncia de Cambia Logroño sobre la gestión en el Centro del Rioja
La Fiscalía de La Rioja ha archivado la denuncia sobre la situación y la gestión del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), que Cambia Logroño presentó en marzo de 2017, decisión que no comparte dicha formación política y que el Partido Popular considera un severo varapalo judicial.
«La Fiscalía certifica de este modo la correcta gestión de este centro llevada a cabo por el equipo de Gobierno municipal de Logroño y debería por tanto llevar a Cambia a pedir disculpas por sus denuncias infundadas», ha señalado el PP, que entiende que esas disculpas debe extenderse a los funcionarios municipales responsables del CCR, a la UTE y a la concejal de Cultura «que han tenido que soportar todo tipo de calumnias».
«Van a los tribunales pero cuando estos no les dan la razón reniegan de la Justicia», afirman los populares de Logroño, que critican que, además del daño a determinadas personas, Cambia están también causando un tremendo perjuicio a la imagen de la ciudad, «más cuando el CCR está llamado a ser el referente turístico de Logroño».
Aseguran que el equipo de Gobierno trabaja para subsanar las deficiencias que tenía el centro -las obras ya están licitadas, por un importe de 119.000 euros- y poder abrirlo próximamente con todas las garantías. Se está asimismo desarrollando un proceso de selección para contar con la figura de un director que dinamice su programa de actividades.
Perjuicio
Y Cambia Logroño entiende que «la realidad», tanto en el cierre del CCR como en la comisión de investigación, «desmienten» la apreciación de Fiscalía porque se ha incumplido el pliego reiteradas veces en relación a los horarios, la contratación, las ofertas y servicios que hubieran dado lugar a la rescisión del contrato.
«Existe otra realidad y es que el PP no solo ha hecho la vista gorda y lo ha permitido, sino que ha participado de los incumplimientos realizando eventos particulares en un museo del vino y la cultura del Rioja», afirman.
Cambia Logroño critica, además, que «unos hechos objetivos tan claros salgan gratis» y afirma que la Fiscalía «a pesar de reconocer esto y de los hechos probados, cree que no es imputable cuando hay una malversación de caudales públicos por omisión del deber de control».






