Escobar reitera la legalidad de contratos con Aralia, requerida por segunda vez

Efe / Logroño
El consejero de Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, Conrado Escobar, reiteró ayer la legalidad en la adjudicación de dos contratos de gestión de los centros de día de Alfaro y Santo Domingo a la empresa Aralia, a la que se ha requerido por segunda ocasión para conocer su situación procesal. Escobar compareció a petición propia en el Parlamento de La Rioja para informar de los expedientes de contratación con Aralia Servicios Sociosanitarios SA y la ausencia de contratos con Aplicaciones Gespol SL, ambas firmas implicadas en la presunta trama de corrupción Enredadera.

Un juzgado de Badalona investiga esta trama, en la que unos empresarios presuntamente intentaron, en administraciones de toda España, influir mediante comisiones para lograr contratos públicos.

El consejero recalcó que no tiene «ningún conocimiento del sumario», ni al Gobierno riojano le ha llegado ninguna referencia desde sede judicial, de modo que toda la información la conoce a través de un medio de comunicación que ha publicado transcripciones de las escuchas telefónicas a personas presuntamente implicadas.

Estas conversaciones forman parte de un proceso judicial en curso y que no conoce la administración regional, según Escobar, quien recalcó que «son conversaciones de terceros que se han referido a determinadas personas». Esos «terceros» hablaban de una posible reunión de representantes de Gespol con Escobar y la directora general de Justicia, Cristina Maiso, «pero esa reunión no ha existido y ni siquiera hubo llamadas», aseguró.

Recalcó que el Gobierno riojano no tiene competencias en radares o multas de tráfico, que era la herramienta de gestión que proponía Gespol, que «no tiene ni ha tenido contratos con el Ejecutivo», pero que sí los formalizó con los ayuntamientos de Logroño y Santo Domingo.

Respecto a los contratos adjudicados a Aralia, precisó que gestiona dos de los 17 centros de día de titularidad pública de La Rioja, cuyos contratos fueron «adjudicados conforme a la normativa vigente en materia de contratación». En marzo de 2017 se inició el expediente de contratación del centro de día de Alfaro, al que se presentaron 4 empresas, pero Aralia obtuvo la puntuación más alta (99 puntos frente a propuestas de 53, 48 y 43 de las otras empresas). La contratación del centro de Santo Domingo se inició en febrero de 2018, recibió 5 propuestas y Aralia logró la mayor puntuación (97 puntos frente a 77, 55, 53 y 28 del resto), aclaró Escobar. En ambos casos, el inicio de los procesos de licitación se produjo cuando la anterior gestora comunicó que no seguía con el contrato, el proceso cumplió con la concurrencia competitiva y según la normativa vigente, y no se presentó ningún recurso administrativo ni contencioso.

En todo proceso contractual con la administración, las empresas que presentan ofertas deben adjuntar una declaración responsable de no estar incursas en prohibiciones de la ley de contratación pública, y Aralia cumplió esos requisitos. Aclaró que algún consorcio riojano también tiene alguna licitación con la empresa Valoriza, también implicada en la trama Enredadera.

El consejero defendió la profesionalidad de los funcionarios en la tramitación de estos contratos, disponibles en el portal de transparencia y en el perfil del contratante del Gobierno riojano, y se ofreció a ampliar la información facilitada hoy a los grupos.

La opinión de los grupos parlamentarios

Partido Popular. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, exigió «presunción de inocencia» en este asunto, porque «no se puede criticar con la política de la sospecha si se quiere hacer política de primera división», por lo que pidió al resto de grupos que «sean responsables y no manoseen las instituciones».

PSOE. La diputada socialista Ana Santos precisó que en las informaciones publicadas apareció el nombre de Fernando Corral como «conseguidor de los contratos», quien fue candidato del PP en la lista de Ezcaray de 2015, y Escobar le reconoció que le conoce pero no ha tenido conversaciones con él «a cuenta de esto». Santos alertó de que el pliego del contrato de Alfaro se modificó durante la tramitación, pero no aparece el documento inicial ni los criterios cambiados, pero la secretaria general de la Consejería, María Cruz Díaz, le puntualizó que los dos expedientes completos están colgados en el portal. Añadió que Aralia optó a los centros de día de Casalarreina y Badarán y obtuvo la puntuación máxima en criterios técnicos, pero no en precios, y también ha concurrido al contrato para residencia y centro de día en Nájera, con más de 8 millones de euros.

Podemos. La parlamentaria de Podemos Natalia Rodríguez recordó que el propietario de Aralia, José Luis Ulibarri, se encuentra en prisión provisional por esta trama, y cuestionó que Aralia obtuviese casi el doble de puntuación en el contrato de Alfaro que la siguiente empresa que concurrió, «algo que no es muy normal».

Ciudadanos. La diputada de Ciudadanos (Cs) La Rioja Rebeca Grajea pidió a Conrado Escobar que cuando reciba la respuesta de Aralia sobre su situación procesal regrese al Parlamento regional a aclararlo a su grupo, cuyos diputados siembre han defendido ser «abanderados de la transparencia y de la información».