El Gobierno riojano recurre la Ley de Protección Animal porque desprotege a los ecosistemas

Europa Press / Madrid

El Gobierno de La Rioja interpuso el martes un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de protección de los animales en La Rioja al considerar que da «un paso atrás en las tradiciones» de España y «desprotege los ecosistemas». El presidente regional, José Ignacio Ceniceros, acudió al Tribunal Constitucional (TC), acompañado del senador Ignacio Cosidó y del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que explicó que su partido está en contra porque la «falsa» ley «no trata de defender a los animales» sino que es «un paso atrás en las tradiciones» del mundo rural como es la caza. Al acto también acudieron los senadores riojanos del PP y la consejera Begoña Martínez.

García Egea acusó a «los comunistas» de querer implantar un «arma arrojadiza» para «abrir la puerta a la prohibición de la caza, de la actividad ganadera, el control de especies y a la prohibición de todo tipo de uso que han tenido los animales en colaboración con el ser humano». Además, aseguró que la ley tiene una «ideología en torno al medio ambiente claramente excluyente con aquellos que trabajan y viven en el mundo rural». «No hay nadie que quiera proteger más a los animales que los cazadores, los ganaderos y la gente que se dedica al campo».

Ceniceros destacó que se ha presentado el recurso porque su gobierno cumple «con una de sus obligaciones» con la ciudadanía. «Damos un paso adelante para que de alguna forma el TC revise esta ley chapucera que se aprobó en el Parlamento de La Rioja con el apoyo del PSOE, Ciudadanos y Podemos», puntualizó.

Explicó que es una ley que «regula aspectos en los que claramente hay inconstitucionalidad porque deja indefensos y desprotegidos a colectivos o incluso a ayuntamientos» de la región riojana. Además, considera que con la nueva regulación «se imponen sanciones administrativas para infracciones como el maltrato animal que ya son delitos según el Código Penal».

La decisión ya fue anunciada por el jefe del Gobierno de La Rioja durante la última sesión parlamentaria, celebrada el 14 de febrero, y al día siguiente, el Consejo de Gobierno acordó la interposición del citado recurso y encomendó la representación y defensa del Gobierno regional a la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

El recurso de inconstitucionalidad se refiere expresamente a los artículos 6, 7, 10, 12, 30, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 54, y 55, que tienen relación con el sacrificio de los animales, actuaciones de inspección y registro, así como la venta, donación y cesión de animales.

La inspección a domicilio y el derecho a la intimidad

Respecto a las obligaciones establecidas para llevar a cabo el sacrificio de animales determinando qué profesional es el habilitado para hacerlo y cuáles son los espacios en los que tiene que llevarse a cabo, Ceniceros aseguró que esta ley es «contraria a la normativa estatal que prescinde de la autorización de la administración competente».

Del mismo modo, la obligatoriedad de inscribir todos los animales en un libro de registro oficial impone obligaciones adicionales «que no son necesarias y que vulneran la garantía de la unidad de mercado».

El Gobierno de Ceniceros también entiende que no prever la necesidad de autorización judicial durante el ejercicio de las labores de inspección para la entrada en el domicilio de las personas, «vulnera el artículo 18 de la Constitución que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

«Una cortina de humo», según el PSOE

Por su parte, el secretario general del PSOE de La Rioja, Francisco Ocón, subrayó que el Gobierno riojano «no está habilitado para presentar ese recurso» con lo que «hacerlo es una cortina de humo».

Ocón reconoció que los 50 senadores del PP «sí pueden presentar el recurso al Constitucional». Y aclaró que el Gobierno central «lo que ha visto en la Ley es un conflicto de competencias» y «por eso ha pedido una reunión con el Ejecutivo riojano para resolver esta situación».