El Gobierno riojano ha abierto 510 expedientes por la Ley de Protección Animal

Bárbara Moreno / Logroño

La Ley de Protección de Animales de La Rioja fue aprobada por el pleno del Parlamento riojano en noviembre de 2018 y su origen fue una proposición de ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Votaron a favor los grupos del PSOE, Podemos y Ciudadanos, mientras que el Partido Popular votó en contra. Después, en febrero de 2019, el Gobierno de La Rioja (PP) recurrió la ley al Tribunal Constitucional.

En realidad en tal ley se contemplan las condiciones en que deben encontrarse los animales domésticos, y los que se encuentran bajo las responsabilidad de las personas. Se lucha contra el abandono, o se prohíben los animales en ferias o circos. La tauromaquia, la caza y la pesca quedaban fuera de tal ley según los partidos que la aprobaron, y según el PP no.

Como explican desde la Consejería de Agricultura, la responsabilidad del Gobierno riojano es la aplicación de la normativa a pesar de que la ley estuviera recurrida. Así que está plenamente en vigor, «ya que con la interposición de los recursos al TC no se solicitó la medida de suspensión de la aplicación de la norma».

Así que, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 senadores, se aplica la normativa. Y desde la entrada en vigor de la ley, en diciembre de 2018 hasta ahora se han abierto un total de 510 expedientes sancionadores por incumplimiento de la ley. Todos siguen en estado de tramitación. 490 expedientes son del año 2019, y 20 de este 2020.

Según explicaron desde Agricultura, los principales incumplimientos se deben a ausencia de certificado veterinario en el momento de la baja en el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) (fallecimiento del animal), y le siguen, expedientes por falta de identificación de animales; malas condiciones higiénico – sanitarias; y carecer de la autorización como núcleos zoológicos en aquellos casos que corresponda.

El 90% de los expedientes abiertos son por infracciones leves y por tanto se enfrentarían a multas de 100 a 500 euros.
El control e inspección de la Ley lo desarrollan las fuerzas y cuerpos del estado, policías locales, agentes forestales, e inspectores funcionarios de la Administración autonómica.

¿Y los paseos diarios?

Desde el Gobierno regional anterior criticaban que había «más de 15 obligaciones y 30 prohibiciones absurdas», como que se obligue a dar dos paseos diarios a los animales de compañía; que se establezca cuánto tiempo pueden estar solos los perros, gatos y hurones en casa, o que hay que expedir un certificado de defunción por un veterinario cuando se muera un animal también doméstico. En cuanto a las actividades inspectoras, la ley indicaba que se podían entrar en las casas particulares cuando quieran para vigilar el estado de los animales. Pero no quedaba clara la figura del ‘inspector’. Desde el Gobierno actual son conscientes de que es una obligación de los propietarios proporcionar la posibilidad de realizar el ejercicio sanitario, pero no hay capacidad de vigilarlo.

El Gobierno anterior también se opuso a esta ley porque se obligaba a esterilizar a todos los animales que vayan a ser donados o vendidos, y se obliga a los ayuntamientos a que tengan un servicio de recogida de los animales. Y añadieron que el gallo y la gallina de Santo Domingo tendrían que desaparecer por utilizar animales en espectáculos y fiestas populares o religiosas. Sin embargo, hasta la fecha esto no ha ocurrido.

Charlas informativas

Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno regional explicaron ayer que se identifica también como prioritarias las acciones formativas para dar a conocer el contenido de la ley a los diferentes colectivos y para contribuir a la sensibilización de la población en la protección animal, que es el fin último de la ley, iniciando la actuación también en edades tempranas en el ámbito escolar. La Consejería ha impartido hasta la fecha charlas informativas sobre las responsabilidades inherentes a la tenencia de animales, que se complementarán con otras campañas informativas en 2020.

El PSOE culpa al PP de usar la Ley en año electoral

«El PP estaba cayendo en unos derroteros de vergüenza ajena», según inició su alocución ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, en rueda de prensa para referirse al recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Protección de los Animales presentado por el PP. Así criticó que esta era «la enésima utilización de fondos públicos para hacerse una foto en año electoral» y preguntó cuánto dinero costó este recurso.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso de inconstitucionalidad que presentó el pasado febrero el Consejo del Gobierno regional anterior. Si bien aun queda saber la decisión del Alto Tribunal sobre el recurso presentado por los 50 senadores del PP.

Para el PSOE, el TC «ha dado un claro y evidente tirón de orejas al Gobierno de José Ignacio Ceniceros (PP)». Y criticó que no es posible que un propio presidente de Gobierno fuera contra una Ley aprobada por su propio Parlamento, «una ley que fue emanada por la Cámara regional que Ceniceros fue presidente durante 16 años», por lo que para Díez esto tiene un plus de gravedad, y Ceniceros debería reflexionar sobre si es «un digno representante» de esta institución, en la que desempeña el cargo de vicepresidente segundo.

Díaz recordó que a este recurso de inconstitucionalidad presentaron alegaciones la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los letrados del Parlamento de La Rioja.

Por todo, Díaz consideró que «este recurso ya nacía inútil», dijo el diputado. Ycriticó que el Gobierno anterior rechazó celebrar una reunión bilateral con el Estado «para limar asperezas». Y espera que el PP «depure responsabilidades por ese uso partidista». Y criticó a los diputados populares que aprobaron este recurso cuando eran miembros del Consejo de Gobierno, y también al portavoz del PP en el Parlamento, Jesús Ángel Garrido de mentir, «al afirmar que la admisión preventiva del recurso por parte del TC certificaba la legitimidad del Gobierno riojano para recurrir la Ley, ya que se ha demostrado todo lo contrario con esta sentencia».