El Gobierno riojano defiende la honorabilidad de los docentes

Efe / Logroño

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, y el consejero de Educación, Luis Cacho, defienden la «honorabilidad» de los docentes y estudian las afirmaciones realizadas desde la Asociación Española de Abogados Cristianos por si se considera emprender acciones legales contra esta entidad.

Andreu y Cacho reaccionaron este miércoles por la tarde así ante a las afirmaciones hechas por la mañana por la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos; y el portavoz de la plataforma Los niños son intocables, Salvador Martí, que anunciaron el inicio de un proceso contencioso-administrativo contra Cacho por considerar que este no reconoce el derecho fundamental de los padres a elegir la educación moral que reciben sus hijos, en referencia a charlas sobre sexualidad impartidas en centros educativos y no recoger un pin parental para renunciar a esa actividad.

Andreu incidió en que «hay que trasladar a las riojanas y riojanos, a las madres y a los padres que las acusaciones realizadas por un colectivo ultraconservador contra el consejero, el equipo docente de un centro y contra profesionales de la educación constituyen una auténtica falsedad y una difamación intolerable». «Cualquier programa educativo que se imparte en los centros riojanos tiene garantías legales y se implanta con criterios técnico pedagógicos», subrayó.

Por ello, cree que la Asociación de Abogados Cristianos «ha tratado de amedrentar con amenazas» a los docentes y ha realizado un ataque directo al derecho constitucional de libertad de cátedra, «que este Gobierno no va a consentir». Aun así, considera que «no hay que darles más importancia» a esas entidades «ultraconservadoras» porque «solo quieren hacer ruido».

La presidenta pide a los docentes riojanos que no se amedrenten y mantengan el compromiso con un trabajo fundamental para el avance esta tierra y, por ello, avanzó que «vamos a defender con todos los recursos posibles a los docentes a los que se amenaza con acciones legales por hacer bien su trabajo». Explicó que las declaraciones hechas por esas organizaciones se han puesto en manos de los servicios jurídicos del Gobierno regional, por si atentan contra «la honorabilidad del trabajo hecho por los docentes en las aulas».

Tranquilidad

El consejero de Educación, por su parte, insistió en un mensaje de tranquilidad y serenidad a la comunidad educativa riojana «porque no hay ningún motivo de preocupación por la calidad ética, democrática y psico-pedagócia» de los contenidos que imparten, «a pesar de mensajes malintencionados».

Aseguró que el denominado ‘pin parental’ es una solicitud que pueden hacer la familias, pero «no el pretendido derecho para solicitar información previa al centro sobre los contenidos que se imparten», sobre todo porque para «eso ya está al acceso de las familias en la programación anual de cada centro».

No puede aplicarse ese consentimiento, considera, a que los hijos acudan a actividades complementarias de educación sexual «amparándose a la referencia que hace la Constitución sobre la educación moral a los niños», concepto que «tiene que ver con la moralidad, con el bien y el mal, y no con la educación sexual».