Asaja pide el apoyo a los viticultores para garantiza el control de plantaciones
FELI AGUSTÍN / LOGROÑO
ARAG-Asaja presentó ayer sus credenciales para seguir siendo la principal organización de productores -al margen de las cooperativas- en el seno de la Interprofesional del Vino de Rioja -y consecuentemente en el Consejo Regulador- en un proceso que todo hace prever que concluirá con la elección del bodeguero Fernando Salamero como presidente.
El secretario general, José Antonio Torrecilla, y el coordinador de Política Agraria, Igor Fonseca, defendieron unos postulados que se asientan, principalmente, sobre dos ejes:_control de la masa vegetal y la lucha contra «el fantasma» de la liberalización de plantaciones, a la que la Unión Europea le ha puesto como fecha 2030. Todo ello con el objetivo de preservar un modelo de viticultura «familiar» y lograr «generar valor» para los viticultores cuya renta, dijo Torrecilla, se ha incrementado un 25% en los últimos años gracias, entre otros factores, al equilibrio entre productores y comercializadores auspiciado por Asaja.
Al respecto, Fonseca resaltó el acuerdo alcanzado con las cooperativas y las bodegas «aunque no con otras asociaciones agrarias», para la contención del aumento de la masa vegetal entre 2015 y 2018 que, según calculó, ha impedido la plantación de 6.000 hectáreas en dos ejercicios y el trasvase de autorizaciones de otras regiones, lo que hubiera provocado el «colapso» de la Denominación en un cinco años. «Es lo mejor que nos ha podido pasar, hay que empezar a negociar cuanto antes, si no, puede producirse una debacle en el sector», avisó.
Igualmente, Asaja propició el «desbloqueo» del Consejo Regulador, lo que permitió renovar la Interprofesional y colocar al frente, por primera vez, a un viticultor, Luis Alberto Lecea, en un puesto en el que fue relevado por José María Daroca, un periodo que arroja, según el secretario general de Asaja, un balance «muy positivo», que ha demostrado que el sector productor «debe y sabe estar». El coordinador de Política Agraria se refirió también a los «fatales» criterios de reparto de viñedo -con el consiguiente descontento en el sector- y aseguró que su organización fue la primera en denunciar que perjudicaban al agricultor profesional. Presumió de que, gracias a sus aportaciones, se está elaborando un nuevo decreto que beneficia al agricultor «con competencias suficientes», a las medianas y pequeñas explotaciones con el objetivo también de que limite las hectáreas por beneficiario.






