«Si hubiéramos tenido una bola mágica no habríamos hecho el contrato»

Efe / Logroño

El que fuera director de la Fundación Rioja Salud, José María Corcuera, ha defendido la legalidad de la concesión del aparcamiento del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) cuya baja ocupación, menos del 4 % de sus plazas, era imposible prever.

Corcuera, que ha realizado estas manifestaciones en el Parlamento regional, en la comisión de investigación sobre los contratos de adjudicación de la gestión de los aparcamientos del San Pedro, ha iniciado su comparecencia recordando que un estudio del Banco Santander sugería que el aparcamiento podría tener una ocupación de entre el 59 y el 97% de las plazas; se adjudicó -cobrando a la concesionaria un canon de 9,4 millones de euros- con una previsión del 26 % de ocupación; y se renegoció un periodo transitorio de aplicación, hasta 2018, con el 22 %.

En ningún caso, ha dicho Corcuera, la administración tuvo «una bola mágica para ver que esas previsiones no se iban a cumplir» porque «si se hubiese sabido, si hubiésemos tenido cualquier índice de duda, no se habrían hecho los contratos así, simplemente por responsabilidad», y ha subrayado que el objetivo en todo momento fue «lograr financiación» a través del cobro del canon.

Según su relato, el Ejecutivo regional encargó en 2006 un estudio de viabilidad de la gestión indirecta de algunas plazas de aparcamiento en el entorno del San Pedro. El análisis lo realizó el Banco Santander, que, según diferentes parámetros concluyó que «era viable externalizar 602 plazas de aparcamiento, que tendrían, en el mejor de los casos, un 97% de ocupación». En esos parámetros proponían al Ejecutivo cobrar un canon por la concesión de 40 millones de euros; pero con una visión «menos optimista», de ocupación del 59 %, recomendaba un canon de 19 millones.

46 empresas pidieron las bases del concurso, pero ninguna se presentó, lo que supone que «los parámetros Banco Santander estaban fuera de la realidad del mercado en 2008». Por eso se realizó un segundo concurso con una ocupación establecida en el 26 % y un canon de 9,4 millones por 40 años de concesión; se interesaron 30 empresas y ninguna concursó. Así, relató, «o se desistía de la financiación, o se rebajaba el canon, o se iba a un proceso negociado» que es lo que se hizo y se invitó a tres empresas de las que dos desistieron. La adjudicataria aceptó pagar el canon, que incluso mejoraría si tenía más del 22 % de ocupación.

«Las primeras auditorías ya revelaron pérdidas importantes, por lo que hubo que compensar a la empresa con 2,5 millones», ha dicho Corcuera, que ha añadido que hasta el momento el Gobierno ha abonado casi 4 millones para «restablecer el equilibrio económico».

Hubieran sido 15

En la negociación del cambio «transitorio» del acuerdo fue cuando se estableció cerrar parte de las otras plazas y hacerlas de pago «pero no para nadie que vaya por un motivo sanitario al Hospital» porque «no hacerlo y rescindir el contrato en ese momento hubiera supuesto 15 millones de euros».

Sin embargo, Corcuera ha relatado que si esa rescisión se produce en abril de 2018, cuando acaba ese periodo transitorio, el coste será «básicamente» devolver a la empresa el canon cobrado, aunque restando lo que ya se ha aportado (4 millones) y otras cantidades «aunque solo tenemos orientaciones, no hay una cantidad tasada», ha admitido, aunque cree que «en el peor de los casos será menos de nueve millones» si hay un acuerdo con la empresa.