El 25% de pequeños establecimientos vaticina que no volverá a abrir

Feli Agustín / Logroño

Las desastrosas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que vaticina que España perderá a causa de la pandemia del coronavirus un 8,5% de la riqueza nacional, una caída que no había experimentado desde la Guerra Civil, tiene ya sus primeros testigos.

Además de hostelería y comercio -a excepción de las tiendas de productos de primera necesidad-, hay otros sectores que se han visto obligados a a bajar la persiana desde que Pedro Sánchez declaró el estado de alarma el pasado 12 de marzo, como academias o guarderías, cuyo desalentador presente augura un panorama poco halagüeño.

La asociación Lucronium ha realizado una primera encuesta para conocer el impacto que las medidas adoptadas por el Gobierno han provocado entre los establecimientos de la capital, un sondeo al que han respondido 843 propietarios de locales de comercio de todo tipo, hostelería, autoescuelas, academias, guarderías o peluquerías, el 86% de los cuales han tenido que cerrar sus puertas y de los que el 25% augura que no podrá volver a abrir. Según la encuesta, que Locronium realizó primero entre sus afiliados para extenderla después al resto de profesionales -hasta 2.300-, más del 32% prevé que efectuará despidos después del confinamiento; alrededor de la mitad augura que retomará la actividad normal.

Estos resultados son la consecuencia de un cierre que ha obligado a la mitad de los establecimientos con empleados a acogerse a un ERTE, al 18% a efectuar despidos y cerca de al 8% a reducir jornada.

Gestión política

En este contexto económico, la asociación de comerciantes ha pedido a los encuestados que valoren la actuación de las administraciones que, en el caso del Gobierno regional, no puede ser más negativa, ya que la práctica totalidad de los que han respondido al sondeo valora las ayudas que ha propuesto como regular, malo o nulo; cerca del 50% _no se ha acogido a ninguna de las ayudas de los gobiernos.

Según Lucronium, estos autónomos «no entienden que se les obligase a paralizar la actividad y al mismo tiempo, al pago de impuestos por una actividad no ejercida o un servicio no prestado», y, como única solución, se ofrece solicitar un crédito para endeudarse, lo que conllevaría, posiblemente, a un cese definitivo de la actividad si la demanda no responde.