El Gobierno habilita 2,1 millones de euros en cheques de acción rápida para empresas y autónomos

Efe / Logroño

El Gobierno de La Rioja ha habilitado una partida de 2,1 millones de euros en cheques de acción rápida, que se subvencionarán a empresas y autónomos que necesiten asesoramiento y gestiones como consecuencia del COVID-19.

El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ignacio Castresana, en una rueda informativa telemática, ha anunciado esta línea de ayudas, dependientes de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER).

Esta y el resto de medidas económicas habilitadas por el Ejecutivo riojano, a este respecto, pretenden preservar la capacidad productiva de las empresas y autónomos y proteger a los trabajadores y sus familias, en cuanto a su capacidad de compra, ha precisado.

Los cheques de acción rápida de la ADER financiarán el 70 por ciento el gasto, que afectará a unos 500 euros de inversión en el caso de autónomos y de 1.000 en las empresas.

Además, dentro de la ADER se ha constituido una red de información integral a la empresa, que está formada por más de 25 personas y que lidera este organismo, en colaboración con la FER, Cámara de Comercio y 11 Ayuntamientos.

Los destinatarios son empresas y autónomos, quienes podrán dirigirse al teléfono 941294200, al correo de la ADER o a los de los organismos participantes.

Además, hay 8 gestores -4 de ADER y 4 de la FER- preparados para recibir las solicitudes de información de ayudas de liquidez aunque el Gobierno ha preparado hasta 26, que se incorporarán en función de la demanda, ha informado Castresana.

Ha informado de que el Gobierno de España ha establecido una dotación de 100.000 millones de euros de fondo de liquidez para empresas y autónomos, de los que ya hay disponibles un primer tramo de 20.000 millones y de los que La Rioja podría obtener hasta 700 millones de euros.

El consejero también se ha referido a otras ayudas de la ADER en avales de hasta el 80 por ciento para pymes y autónomos, hasta el 70 % para grandes empresas, y hasta el 25 % de la facturación anual o hasta dos años del gasto de personal, que se suma a otra línea del ICO de unos 400 millones de euros.