El plazo para la PAC se ampliará hasta el 15 de junio

La Comisión Europea, previa petición del Gobierno nacional, ha anunciado una ampliación del plazo de solicitud hasta el 15 de junio y confirma a España que en breve se iniciará la tramitación de un Reglamento de Ejecución para llevar a cabo esta extensión.

Así lo ha resaltado el Gobierno de La Rioja, que reunido en Consejo, ha aprobado un gasto de 4,9 millones de euros para las ayudas de agricultura ecológica, agroambientales y de indemnización compensatoria por zonas de montaña vinculadas al pago único de la Política Agraria Común (PAC) para el ejercicio 2020. Como novedad, en esta campaña se abre la posibilidad de acceder a los compromisos en el marco de las ayudas agroambientales en las operaciones de mantenimiento de ganadería extensiva y apicultura para la mejora de la biodiversidad.

Las ayudas de indemnización compensatoria por zonas de montaña contemplan un límite máximo de 850.000 euros; las agroambientales, un límite máximo de 400.000 euros distribuidos en cinco anualidades de 2020 a 2024, de 80.000 euros, referentes al mantenimiento de la ganadería extensiva, a la apicultura y al pago complementario por la presencia del lobo en aquellas explotaciones de ovino y caprino ubicadas en municipios donde se haya constatado su existencia.

Asimismo, se contempla en esta convocatoria un límite máximo de disponibilidad presupuestaria de 3,1 millones de euros correspondiente a 2021 para la prórroga anual de la medida de agroambiente y clima; y de 490.000, también durante el próximo año, para la prórroga anual de la medida de agricultura ecológica.

Otros asuntos

La Rioja compra 70.000 vacunas de la gripe. Para la campaña 20/21, que son 3.000 más de las 67.000 iniciales de la última campaña. El Ministerio de Sanidad asume la adquisición centralizada y conjunta de las vacunas para todas las comunidades autónomas, lo que permite contener el gasto sanitario.

Prorrogado el contrato para la residencia Leo Kanner. Con ARPA Autismo y por 2 millones de euros. Con esa cuantía, se prorroga el servicio de las 28 plazas de atención residencial con atención diurna y las 12 de centro de día. El coste de una plaza ocupada de centro de atención residencial con atención diurna asciende a 163,30 euros al día y a 91,61 euros diarios el de una plaza ocupada de centro de día.

Revisado el gasto para el transporte sanitario. Son 310.000 euros para un servicio que fue adjudicado en 2017 a la UTE Ferrovial Servicios y Ferroser Servicios Auxiliares. El actual contrato, con un importe de 26,9 millones de euros, entró en vigor el 1 de abril de 2017 y tiene una duración de cuatro años, hasta el 31 de marzo de 2021, prorrogable hasta un máximo de seis años. La cuantía de la revisión de precios va destinada a cubrir los costes salariales de los trabajadores que prestan el servicio.

Prórroga del proyecto de historia clínica electrónica SELENE. Por seis meses, SELENE aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías para lograr una gestión integral y compartida de la información clínica y, en esta plataforma, los profesionales sanitarios acceden a todos los datos disponibles del paciente y el ciudadano puede consultar de forma telemática sus informes o pruebas de laboratorio.

761.000 euros a teleformación. Para 2020 y 2021. Este contrato está dirigido a promover la mejora de las competencias profesionales de las personas al facilitarles la adquisición y acreditación de la cualificación profesional mediante una oferta de formación flexible y accesible.

222.000 euros para auxiliares de conversación. En condición de becarios Fulbright. Esta partida permitirá sufragar la incorporación de estos auxiliares durante dos años en centros educativos de la región con un proyecto bilingüe implantado para el curso 2020-2021 y en los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Territorio y Población impondrá las sanciones en vivienda. Según la Ley de Vivienda, la imposición de sanciones por infracciones leves, con multas de 100 hasta 500 euros, corresponde al director general; las graves, con multas de 501 a 2.500 euros, al consejero; y las muy graves y penalizadas con multas de 2.501 hasta 100.000 euros, al Consejo de Gobierno. Sin embargo, para hacer más operativa la tramitación de expedientes sancionadores en la Dirección General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda, se han delegado estas competencias en la Consejería competente en materia de vivienda a la que se adscribe esta dirección.