El Constitucional no admite el recurso del Gobierno riojano contra la ley de protección animal

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso planteado por el Gobierno de La Rioja del PP en la pasada legislatura contra varios artículos de la ley regional de protección de los animales, que data de 2018, por entender que un Ejecutivo autonómico carece de legitimación para recurrir las leyes aprobadas por su Parlamento regional. El TC añadió que ese tipo de actuación por parte de un Gobierno regional no está reconocido en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El 26 de febrero de 2019, el Gobierno riojano y 50 senadores del PP presentaron ante el TC sus recursos contra esta ley al considerar que trata de consagrar «una ideología claramente excluyente» en torno al medio ambiente. La Ley de Protección de Animales de La Rioja fue aprobada por el pleno del Parlamento riojano en noviembre de 2018 y provenía de una proposición de ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que contó con el voto a favor de PSOE, Podemos y Ciudadanos y el contrario del PP.

Esta sentencia del TC, que ha contado con varios votos particulares, detalla que, en el proceso constitucional, la legitimación no se establece en términos abstractos, sino que se formula para un actor concreto en relación con un determinado tipo de acción (recurso de inconstitucionalidad o conflicto de competencia) referida, a su vez, a una clase concreta de actos o normas. La resolución señala que «la acción de inconstitucionalidad no fue otorgada por la Constitución, en estos casos, para la impugnación de leyes propias por las mismas asambleas autonómicas que las aprobaron y en cuya potestad está, por tanto, derogarlas total o parcialmente».

«Es más, si se reconociese tal legitimación se rompería el equilibrio o paridad institucional que debe existir, porque así lo ha querido la Constitución entre uno y otro órgano superior de la comunidad autónoma para el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad», señala el fallo judicial.

Los argumentos del PP

Tras conocerse la decisión del Constitucional, el Partido Popular de La Rioja recordó ayer, por medio de una nota de prensa, que esta Ley «continúa estando recurrida ante este órgano, a través del recurso interpuesto contra la norma por 50 senadores del Partido Popular en febrero de 2019, y a la espera de una sentencia definitiva».

A juicio del PP, el Tribunal Constitucional entiende que el Gobierno de La Rioja, que recurrió una norma que obliga a sus funcionarios a aplicar unos artículos de dudosa legalidad, no tiene legitimación para recurrir las leyes aprobadas por su Parlamento Regional. Una decisión, adoptada con cuatro votos particulares, que en opinión de los populares legitima la decisión del Gobierno de La Roja de recurrir esta norma.

El Partido Popular recuerda que esta norma «fue cuestionada a través de un informe emitido por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública». «Como el Gobierno de Pedro Sánchez no la recurrió, pese al informe que alertaba de su inconstitucionalidad, la Ley es de aplicación hasta que se produzca una sentencia al respecto. Si la hubiera recurrido, se hubiera suspendido la aplicación de la Ley hasta que se dictara sentencia», añadió el PP, que culpa al Gobierno Socialista de irreponsabilidad al permitir que se aplique una Ley «que genera serias dudas sobre su constitucionalidad».