La atención a la dependencia crece un 12% en La Rioja en un año y se da servicio a 7.600 personas

Bárbara Moreno / Logroño

Ya han transcurrido 10 años desde la implantación del Sistema para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, y en La Rioja, a 31 de diciembre, se contabilizaban 14.933 personas que habían solicitado atención y 10.162 personas con derecho a prestación, y se atienden a casi 7.600 (un 12,5% más que el año anterior). De hecho, atendiendo al XVIIDictamen del Observatorio de la dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, La Rioja es la única Comunidad, que junto a Castilla y León, cumple la ley con nota, en concreto, con un 7,86, la segunda mejor nota del país.

Esta es la tercera Comunidad que más gasto público hace por población potencialmente dependiente, solo por detrás de Cantabria y País Vasco ( Y por cada dependiente atendido gasta 6.342 euros). Atendiendo a este estudio publicado hace unos días, el número de personas atendidas en La Rioja ha crecido un 12% respecto a 2015. También indica que es la segunda Comunidad donde mayor rigor se aplica del baremo, y el 30% de los valorados no obtiene el grado.

Uno de los puntos más destacados y valorados como novedad para baremar es que en La Rioja cada vez se crean más puestos directos asociados a la atención a la dependencia. En concreto, en 2016 hay 1.911 empleos directos asociados a ello, un 1,4% más que el año anterior, un 8,5% más que hace dos, o un 50% más que por ejemplo desde 2009. Los más de 1.900 trabajos en La Rioja suponen 35 millones de euros de gasto público, pero, según el estudio, el retorno estimado a las arcas (por la Seguridad Social, o el IRPF por ejemplo) es de 22 millones de euros. La mayor parte del servicio que se presta (32%) se refieren a prestaciones económicas, en segundo lugar la ayuda a domicilio (26%), residencias (19,2%), y centros de días (11%).

¿Desatención?
A nivel nacional, en España hay 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración. Y, el 29% de las personas dependientes no recibe ninguna prestación. Y, en el caso de La Rioja, según el informe, el 27% de las personas que tienen derecho a la atención no la tienen.
El perfil de la persona dependiente en España es la de una mujer mayor de 80 años.

´El gran reto es la prevención y trabajar en la autonomía´.

El consejero de Políticas Sociales y Familia, Conrado Escobar, está satisfecho con la nota que ha proporcionado a La Rioja el Observatorio de la Dependencia, solo por detrás «de Castilla y León que es un ejemplo a seguir», reconoce, pero, en cualquier caso, asegura que siguen trabajando para seguir mejorando. «Trabajamos periódicamente con todos los indicadores que muestra el estudio, y tenemos buenos resultados, casi todos por encima de la media nacional, pero, nuestro gran reto es trabajar en la prevención, y en mejorar la autonomía personal».

El consejero se refiere a que una vez consolidado lo que tiene que ver con la atención a la dependencia, hay que trabajar por detectar en la población cualquier síntoma que pueda llevar a mayor dependencia, para, en la medida de lo posible mejorar el grado de autonomía. Y en eso están trabajando precisamente ahora desde su Consejería.

Escobar explica que, según sus datos, el 2,4% de toda la población de La Rioja recibe prestaciones por dependencia, una cifra que en España es del 1,84%. Y eso supone un gran esfuerzo para La Rioja. En cualquier caso, cree que el 27% de desatención que marca el informe no coincide con sus datos, pero, «no obstante estamos trabajando y analizando este informe para corregir y mejorar cualquier aspecto, en eso estamos».

En cuanto a la necesidad de unificar ayudas en todos los territorios, según se esgrime del estudio a nivel estatal, a pesar de que en La Rioja se está a la cabeza en atención y en el ratio de prestaciones sobre las personas beneficiarias, el consejero cree que sí es bueno revisar las ayudas a nivel estatal y que se cumpla la ley en todos los lugares de España por igual.