La exclusión social está «enquistada» en La Rioja con 36.000 personas

Efe / Logroño

La exclusión social está “enquistada” en la estructura social de La Rioja, donde la sufren unas 36.000 personas, el 11,3 % de la población, cifra que es la más baja del conjunto de España, pero que se refiere a una exclusión “más grave”. Así lo ha afirmadoel coordinador del VII Informe FOESSA sobre la Exclusión y Desarrollo Social en España 2019, Guillermo Fernández, en una rueda informativa, en la que también ha participado el director de Cáritas La Rioja, Fernando Beltrán.

Fernández, quien ha desgranado las conclusiones de este informe, ha calificado como “buena noticia” el que La Rioja presente “la cifra más elevada en el espacio de la integración social del país”, ya que 9 de cada 10 riojanos se encuentran en este espacio.

Sin embargo, este dato contrasta con las 36.000 personas que están en exclusión social, dentro de las que existe un grupo de unos 13.000 ciudadanos, el 4,1 % de la sociedad riojana, que se sitúa en la exclusión más extrema, ha precisado.

Además, ha proseguido, hay unos 47.000 riojanos, el 14,9 % de la población, que, a pesar de encontrarse en el espacio de integración, “se encuentran en situación de inseguridad” y serían los primeros en excluirse si se produce una desaceleración económica, y se trata de un grupo proporcionalmente mayor al del conjunto de España.

Se ha referido a “la sociedad expulsada”, que cuenta con 3.000 miembros en La Rioja, y que alude a “los hogares más excluidos”, conformados por personas “preocupadas por sobrevivir en el día a día”, sin contar o apenas con mecanismos de protección, y que suponen “un reto para los sistemas públicos de atención”.

Si se mide la desigualdad en términos económicos, en La Rioja es de las más reducidas y estables del país, pero, si se calcula en base a factores como las oportunidades de acceso a la educación y la vivienda, la salud, las adicciones, el maltrato y “otra serie de problemas sociales”, esta región está “a la cabeza”, ha destacado.

Ha apuntado que esto significa que la población de La Rioja en exclusión social “tiende a estar cada vez más lejos de la sociedad riojana y se parece cada vez menos a esta, por eso permanece invisible”.

En La Rioja, ha detallado, hay tres bloques de riesgo de exclusión: el primero es la precariedad laboral, con un 7,9 % de personas que trabajan pero son pobres; y el segundo, el acceso a una vivienda digna, con 16.000 riojanos que residen en hogares insalubres.

El tercer bloque es el “conjunto de circunstancias” que hacen que quienes se encuentran en exclusión social severa en La Rioja tengan un “nivel de problemática mayor que la exclusión severa de otras partes del país”, ha subrayado.

Más hombres de mediana edad

Este informe constata que hay más hombres que mujeres en exclusión social en La Rioja y que la mayoría de quienes están en esta situación tienen una edad comprendida entre los 45 y los 64 años, uno de cada tres no tiene estudios, el 36,9 % trabaja, lo que no les garantiza sobrevivir, y tres de cada cuatro son de nacionalidad española.

“El mayor riesgo de exclusión se concentra en los hogares donde el sustentador principal es menor de 30 años o es mujer o inmigrante procedente de fuera de la Unión Europea (UE), y si se trata de una familia numerosa o monoparental”, ha resaltado.

Ha asegurado que en La Rioja solo dos de cada diez personas en situación de exclusión social es inmigrante, sin embargo, si se es extranjero, la probabilidad de encontrarse en esta situación “es mayor” en esta comunidad.

Este documento constata “cierta pérdida de calidad del sistema democrático, que se reduce a un expediente político en el que se guardan las formas”, ya que la democracia española tiene “escaso calado cultural”, como ejemplifica que en La Rioja solo muestran interés por este tipo de participación el 17 % de las personas, ha indicado.

Ha incidido en que esta comunidad se caracteriza por “un gasto en protección social similar a la media española”, y por el hecho de que, de acuerdo a este informe, siete de cada diez ciudadanos optarían por tener más prestaciones sociales a través del pago de más impuestos.

“Debemos pensar en crear un nuevo escenario con responsabilidades compartidas y dialogar en torno a la creación de un sector público compuesto por el trabajo conjunto de las administraciones públicas, las entidades no lucrativas y las empresas sociales, con las iniciativas ciudadanas y profesionales”, ya que, “quizás, sea ésta la conversación cívica más crucial”, ha concluido.

Por su parte, Beltrán ha detallado que este informe ha sido construido por más de 500 personas divididas en dos equipos, uno de investigación con 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de acción e investigación; y otro formado por 350 encuestadores profesionales.