Abogados Cristianos se querella contra el CEIP Escultor Vicente Ochoa por «obligar» a alumnos a asistir a charlas sexuales

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una querella por un presunto delito de prevaricación ante el Juzgado de Instrucción de Logroño, contra el CEIP Escultor Vicente Ochoa por vulnerar el artículo 27.3 de la Constitución Española que ampara el derecho de los padres a educar a sus hijos. También señala un presunto delito cometido por funcionarios públicos contra otros derechos individuales (artículo 542 del Código Penal).

La organización de juristas emprende estas acciones legales después de que el centro público «obligara a alumnos, tanto de Educación Infantil como de Primaria, a asistir a charlas, de carácter sexual». A la vista del contenido, «algunos padres se opusieron a que sus hijos recibieran esas charlas a lo que la dirección les respondió que eran obligatorias».

Abogados Cristianos destaca que estos hechos son «muy graves» ya que «pretenden normalizar conductas que son propias de adultos en niños». Aseguran que esas charlas «contradicen los programas destinados a estos niños contra los abusos sexuales».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha asegurado que «intentar adoctrinar a niños de tres años con este tipo de contenidos implica la intención de algunos colectivos de vulnerar el derecho a los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales además de la intención de corromper a los niños». «No dudaremos en aplicar estas mismas medidas legales a otros centros educativos y directores que no respeten este derecho».

Es obligado

Por su parte, desde el Gobierno de La Rioja, informaron ayer de que todas las actividades complementarias que están recogidas en la Programación General Anual (PGA) de los centros son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los alumnos, sin excepción.
La PGA es el instrumento que recoge, entre otras cuestiones, el programa de actividades complementarias y extraescolares de cada centro, que ha sido aprobado en el Consejo Escolar del centro (en el que están representados profesorado, familias y el resto de agentes de la Comunidad Educativa) y dado cuenta de su contenido a las familias. Por lo tanto, todos los alumnos están obligados a la realización de estas actividades, como garantía de igualdad, indican desde el Ejecutivo en una nota de prensa.

Por otro lado, aseguraron que los servicios jurídicos del Gobierno regional no han recibido ni tienen en el día de hoy constancia alguna de querellas recibidas de esta condición.