Romero anuncia la elaboración de unos presupuestos participativos

La consejera de Participación, Cooperación y Derechos Humanos, Raquel Romero, impulsará una Ley de Participación «participativa y participada», resultado de «un verdadero proceso participativo» y pondrá en marcha un proyecto experimental de Presupuestos Participativos. Romero afirmó, en la comisión parlamentaria correspondiente, que esta Ley será el resultado del «mayor proceso participativo jamás realizado en La Rioja», cuyo objetivo es situar a la región a la cabeza de las comunidades autónomas en esta materia.

Su pretensión es también poner en marcha, antes de finalizar la legislatura, un proyecto experimental de Presupuestos Participativos, que convierta a La Rioja en «pionera» en esta iniciativa y que será «un verdadero reto colectivo para el conjunto del Gobierno de coalición PSOE-Podemos».

Anunció también que, antes de que finalice 2019, se celebrará el Foro Social Permanente de La Rioja, con presencia de todos los colectivos sociales, de donde saldrán planes de actuación directa con la participación activa y la supervisión directa de los actores involucrados.

En el área de Cooperación y Derechos Humanos, confía en que en esta legislatura se pueda llegar a destinar a cooperación el 0,7 % del presupuesto y apuntó como prioridades canalizar la ayuda humanitaria a través de un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otras.

Afirmó que los derechos y las libertades de la ciudadanía «van a ser el centro de nuestras políticas para frenar los impulsos reaccionarios y los ataques a la democracia que crecen en nuestro entorno». En La Rioja, recalcó que hay «retos y problemáticas urgentes» a abordar «por cuanto suponen una vulneración de los derechos humanos» y citó que el 20,4 % de las personas residentes en la región está en situación de pobreza y/o exclusión social, una tasa de pobreza del 9,7 %, 3.586 personas dependientes en lista de espera para percibir sus prestaciones y un 13% de la población en situación de exclusión residencial. Por ello, es su intención realizar un diagnóstico de la situación real y proponer medidas de corrección de la desigualdad. En esta tarea, la consejera es «clave» el nuevo Observatorio de Derechos de La Rioja, que será el encargado de procesar de manera sistemática la información sobre el estado de los derechos humanos en la región.

Este órgano elaborará recomendaciones a través de un plan de acción que contempla, entre otros, la investigación sobre derechos humanos en colaboración con la Universidad de La Rioja.

Otra de los aspectos destacados por la consejera es la nueva Oficina de Retorno y la puesta en marcha de un programa de retorno para los riojanos que deseen regresar. El principal objetivo de esta oficina es favorecer su regreso, entendiendo el retorno «como un nuevo proceso migratorio», en el que «los riojanos y riojanas que un día se fueron puedan no solo regresar por un tiempo, sino establecerse, volver con sus familias, y forjar un proyecto de vida».

La Ley de Memoria Histórica y su aplicación es también objetivo de su tarea de gobierno.

Moneda de cambio de 500.000 euros

PP y Cs critican el encarecimiento que entienden que supone al Gobierno riojano, en concepto de altos cargos, la creación de esta Consejería, que cifran en unos 500.000 euros. Begoña Martínez Arregui, del PP, señaló que «nace de la fábula» y es «innecesaria y artificial», ha sido «una moneda de cambio» al PSOE con Podemos para que los socialistas asumieran el Gobierno regional». Por su parte, Belinda León, de Cs, afirmó que esta Consejería es «la de los problemas desde que se constituyó este Gobierno, empezando por el elevado coste» que va a suponer.

Henar Moreno, de IU, señaló que «el primer incumplimiento» del acuerdo entre IU y PSOE, en lo que respecta a esta Consejería es que «no se recoge la creación de organismos existentes, como el Consejo de Memoria Histórica».