El Gobierno riojano pide al Estado que no consolide los privilegios forales
La consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña Martínez Arregui, constató este miércoles que «La Rioja es una frontera del régimen común que divide dos universos fiscales» y confió en que el Gobierno de España «ni consolide, ni amplíe los privilegios forales injustos e insolidarios».
Así lo manifestó la consejera del Gobierno riojano en la reunión del Comité Preparatorio de Impulso y Seguimiento de la Conferencia de Presidentes, en la que participó en Madrid la ministra de Política Territorial, Meritxel Batet, y los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas.
Respecto a la Conferencia de Presidentes, defendió que su celebración supone «la fuerza del diálogo entre iguales para garantizar la unidad de España», según ha informado el Ejecutivo regional en una nota. A su juicio, esta conferencia es «un espacio abierto, transparente y justo para todas las autonomías» y, por lo tanto, para todos los ciudadanos.
Por ello, Martínez Arregui ha solicitado al Gobierno de España que la «resitúe y no socave sus funciones ni sus principios, frente a los acuerdos bilaterales que está negociando en los despachos».
Además, la consejera de Presidencia lamentó que La Rioja es «una comunidad ampliamente castigada por el Gobierno de España», como refleja el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año, que «traerá la cifra de inversiones más baja en el histórico de la comunidad».
Demandó que el Gobierno central impulse las estrategias claves para España, «con carácter urgente e inmediato», como la presentación y puesta en funcionamiento de la Estrategia Nacional para el Reto Demográfico.
También pidió recuperar el pacto por la educación, que surgió a través del consenso de todos los gobiernos, independientemente de su color político, «pero que, con la nueva reforma educativa, el Ejecutivo nacional ha estallado por los aires».
Por último, la consejera riojana de Presidencia incidió en que «la financiación autonómica no puede esperar» porque, según argumentó, las autonomías necesitan estabilidad y, aunque están abiertos a negociar, «ya no hay tiempo que conceder ni que dar».
Por ello, propone que se convoque a los gobiernos autonómicos de forma inminente, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a través del Senado y en esta misma Comisión para abordar el asunto más importante: la financiación.






