Cs mantiene sus condiciones para apoyar la ley de medidas urgentes
Feli Agustín / Logroño
El Gobierno de La Rioja y Ciudadanos continuaron este jueves negociando a contrarreloj para llegar a un acuerdo y lograr pactar los aspectos esenciales de la ley de medidas urgentes en materia económica, presupuestaria y fiscal, figura legal que se habilitará una vez prorrogados los presupuestos de 2018.
El objetivo es rubricar un pacto antes del 7 de febrero, fecha en la que el Parlamento tiene previsto debatir las enmiendas a la totalidad del texto presupuestario, aunque para ello el Gobierno tendrá que cumplir las exigencias del partido que le ha permitido gobernar con cierta comodidad a lo largo de toda la legislatura,
Dos son las condiciones ineludibles que plantea la formación naranja: la revisión de los acuerdos alcanzados hasta ahora y la retirada del actual proyecto de ley que, de seguir así, «está abocado a enfrentarse contra un muro».
Así lo dijo el portavoz parlamentario de Cs, Diego Ubis, después de escuchar al consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, que compareció a petición propia ante la comisión correspondiente de la Cámara, para explicar el contenido de la ley.
Domínguez, que insistió en la urgencia de aprobar la ley, recordó sus principales aspectos: la implantación de la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años; tarifa cero para autónomos; la rebaja del 0,50 puntos en el tipo del IRPF correspondiente a los contribuyentes del tramo más bajo de ingresos, medida que beneficiará a 111.000 personas; y el aumento de las deducciones por hijo de 600 euros por el primero, 750 por el segundo y 900 por el tercero.
«Mi mano está tendida para negociar», afirmó el responsable de Hacienda, invitación a la que respondió el parlamentario de Cs, pero con condiciones.
Rango de ley
Diego Ubis, que culpó al Gobierno de la prórroga del presupuesto – «nos hubiéramos conformado con que se hubieran cumplido los acuerdos alcanzados», dijo-, aconsejó al Gobierno que retire el proyecto medidas fiscales, y «presenten uno conjunto que sea viable», que ha de contemplar una serie de exigencias.
Entre las reclamaciones más relevantes figura que la gratuidad de la educación de cero a tres años tenga rango de ley y que su implantación sea total en los municipios menores de 5.000 habitantes.
«Ponerla deprisa y corriendo es engañar a los riojanos, porque constatamos que no había nada detrás de ese gran anuncio que se hizo en el debate del Estado de la Región», afirmó el portavoz de Cs, que reiteró que el Gobierno debe rendir cuentas sobre el cumplimiento del acuerdo de investidura y los alcanzados en los ejercicios 2017 y 2018.
«Estoy seguro de encontrar la formalidad necesaria para llegar a un acuerdo», confió el consejero, que coincidió con Cs en la implantación de la tarifa 0 para algunos autónomos.
El diputado socialista Francisco Ocón criticó que «se despacha en tres líneas» la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, medida introducida, a su entender, por puro afán electoral. En este contexto también criticó que la rebaja fiscal solo supondrá 22 euros al año, una medida que «no tendrá incidencia real» en la vida de los riojanos.
La gratuidad de 0 a 3 años también fue objeto de las críticas de Podemos: «Lo anuncian, pero no hay estudio de viabilidad, no sabemos cómo se va a implantar o si hay infraestructuras para ello», constató la diputad Ana Carmen Sáinz, que coincidió con Cs en que debe aprobarse con rango de ley y de manera progresiva.
Los raquíticos 800.000 euros
«Es una situación disparatada, llevan 23 años sin reclamar el artículo 46 y ahora lo piden por vía judicial», criticó la diputada de Podemos Ana Carmen Sáinz, haciéndose eco del anuncio efectuado por el presidente del Gobierno una vez conocidos los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Alfonso Domínguez le respondió asegurando que el Gobierno central le prometió «a este consejero» compensar a La Rioja con financiación para el IES Sagasta en vez de aplicar el artículo. Sin embargo, al ver que de los nueve millones de euros que hay previstos de inversión para este año, el Ejecutivo de Sánchez solo se comprometía a invertir la «raquítica» cifra de 800.000 euros el Gobierno de Ceniceros decidió exigir la ejecución del artículo 46 [que compensa a La Rioja por los perjuicios que sufre por su vecindad con los territorios forales] , incluso si es necesario en los tribunales.






