Empleados de la comunidad trabajarán 36 horas desde el 1 de enero
Feli Agustín / Logroño
«Las posturas maximalistas dificultan el acuerdo; las peticiones realistas y la búsqueda de entendimiento acaban dando beneficios a toda la sociedad». Con esta sentencia, el presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha manifestado su satisfacción por el acuerdo alcanzado a primeros de septiembre y rubricado este viernes con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que beneficiará a 10.400 empleados públicos, que recuperan e incluso mejoran los derechos perdidos en la época de crisis.
¿Y cuáles son los principales aspectos que recoge el acuerdo, que no han suscrito las otras fuerzas presentes en la Mesa General de Negociación, CSIF y la Federación de sindicatos de sanidad y educación, FSES?
El primero de ellos recoge el compromiso de reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta alcanzar las 35 horas en 2020 en todos los sectores, y 18 horas en educación. De esta manera, el 1 de enero los trabajadores de las administración general y sanidad trabajarán 36 horas y la jornada lectiva de los docentes será de 19 horas.
El acuerdo contempla además el pago íntegro de las bajas por enfermedad, destinar este año un 0,20% de la masa salarial a la carrera profesional y la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad de hasta 20 semanas antes de que finalice 2023; así, en 2019 los padres disfrutarán de nueve semanas de permiso.
Igualmente, se convocará, en la oferta del empleo público, el número máximo de plazas permitidas con el objetivo de reducir la temporalidad, que en este momento ronda el 25%, al 8%. De esta manera, se convocarán este año 177 plazas de administración general y sanidad, y 200 de educación, al sumar las del presente y el pasado año. El conjunto de estas medidas supondrán para las arcas públicas 49 millones de euros.
Las opiniones
Ceniceros, que ha agradecido el trabajo de los responsables del departamento de Administración Pública y ha destacado la actitud receptiva de CCOO y UGT, cuyos secretarios generales han estado presentes en la firma del acuerdo, ha apuntado que el pacto «confirma la voluntad expresada por el Gobierno de La Rioja desde el primer día de restituir los derechos suspendidos durante la crisis en el menor tiempo posible».
El representante del área pública de UGT en la Mesa, Fernando Domínguez, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo alcanzado tras unas «duras y complejas» negociaciones y ha destacado que el mantenimiento de los servicios públicos durante los años de la crisis ha recaído «en las espaldas de los trabajadores».
Mikel Bujanda, de Comisiones Obreras, ha confesado sentirse «razonablemente satisfecho» porque, citando a Marcelino Camacho, histórico secretario general del sindicato, ha señalado que «hay que navegar entre lo posible y lo necesario».
Igualmente, ha resaltado que el pacto ha sido fruto de las movilizaciones en la calle y ha invitado a los sindicatos no firmantes a qué expliquen su decisión porque «lograr una jornada de 36 horas semanales es complicado».
Lo hecho hasta ahora
José Ignacio Ceniceros ha destacado que el Gobierno de La Rioja ya había acometido actuaciones para mejorar la situación de los empleados públicos. Así, a lo largo de esta legislatura ha devuelto la paga extra suspendida en 2012; ha reactivado la carrera profesional y ha aprobado incrementos retributivos (hasta un 3,75% acumulado). Además, se está negociando un concurso de méritos y cubriendo al 100% las tasas de reposición de los empleados públicos. Estas medidas han supuesto un coste de 37 millones de euros.






