El Gobierno aprobará en noviembre el IV Plan de Infancia y Adolescencia 2018-2020

Europa Press / Logroño

El Gobierno de La Rioja ha presentado en la reunión del Consejo Riojano de Servicios Sociales, el informe anual que detalla todas las actuaciones que se llevaron a cabo durante 2017 en pro de la promoción y defensa de los derechos del menor. El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, ha presidido esta reunión en la que también se ha informado sobre el IV Plan de Infancia y Adolescencia con Enfoque Basado en Derechos Humanos 2018-2020, que el Ejecutivo espera aprobar en el mes de noviembre.

En este sentido, el consejero, en declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que al Gobierno riojano una de las cuestiones que más le preocupan es la agenda social, y uno de sus actuaciones destacadas es «trabajar con los menores y asegurar su futuro», que se traduce en la elaboración del IV Plan de Infancia que «contempla el fomento de la promoción de la infancia de los menores en La Rioja, y desarrollar todos los mecanismos de protección posibles en la infancia».

Ha resaltado que el Plan de Infancia se ha realizado «con los menores», para lo que «se ha seguido un proceso de participación, no solo con entidades como UNICEF, APIR o YMCA, sino que se ha tenido en cuenta que se incorpore la opinión de los menores, a través de la realización de encuestas a menores».

De las mismas, ha señalado Escobar se destaca que «les preocupa el acoso escolar o el ciberbullyng, así como ser parte activa de la sociedad, de cara a que se tenga en cuenta su opinión».

Ha explicado que la redacción del Plan se ha desarrollado de forma paralela a la nueva Ley de Protección de Menores de La Rioja. Se trata de un texto de carácter transversal que ha contado con la implicación de todo el Gobierno riojano.

El Plan se estructura en torno a dos grandes ejes: promover el desarrollo integral de los menores y reforzar el sistema de atención a los menores. En ellos, la prevención y la eficacia en la respuesta que los servicios públicos den ante cualquier problema que afecte al menor o su entorno ocuparán un papel destacado.

En relación al primer eje de acción, se va a priorizar consolidar el acceso a los recursos de bienestar que garanticen el desarrollo integral de los menores; promover la diversidad y la no discriminación en el diseño y ejecución de las políticas públicas; prevenir y proteger a los niños de toda forma de violencia; y potenciar el aprendizaje y el ejercicio de la ciudadanía. En cuanto al segundo eje, se pone el acento en situar a los menores en las políticas públicas; reforzar la coordinación inter e intrainstitucional; fortalecer la capacitación de todos los agentes que intervienen con menores y mejorar los sistemas de información, investigación y evaluación.