Paro mayoritario de jueces y fiscales que acarrea suspensión de juicios

Un 80% de los jueces y un 85% de los fiscales de la comunidad riojana secundaron ayer la jornada de paro convocada por las asociaciones judiciales, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR).

Según detalló, 28 jueces y magistrados informaron a la Presidencia del TSJR de su decisión de secundar el paro, lo que supone un seguimiento del 80%, dado que estaban activos 35 de los 40 jueces que desempeñan su función en La Rioja, ya que cinco se encuentran de permiso o de baja. En cuanto a los fiscales, secundaron el paro 11 de los 13 que ejercen en La Rioja, lo que representa un 85 %, entre ellos el fiscal superior y el teniente fiscal, informó a los periodistas la decana de los jueces de Logroño, María Cecilia de la Iglesia.

Durante la jornada se suspendieron vistas orales y otras diligencias, aunque se atendieron aquellas que son calificadas de urgentes en los Juzgados de Guardia, Violencia sobre la Mujer y Menores; además de los señalamientos de causas con presos, entre otras.

En La Rioja, entre otros asuntos, se ha reivindicado la creación de nuevos juzgados, -algo que no sucede desde 2011-, a pesar del incremento de la litigiosidad. Así consta en el manifiesto que leyó la decana de los jueces de Logroño a las puertas del Palacio de Justicia de La Rioja, acompañada por algunos de los jueces y fiscales.

Lo que piden

Otras reivindicaciones del colectivo son la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un plan de inversión prolongado con incremento de la plantilla judicial y fiscal y la dotación de medios para luchar contra la corrupción y seriedad y eficacia a las nuevas leyes procesales que procuran la protección de las víctimas.

También solicitan la dignificación de la situación laboral de los nuevos jueces de las últimas promociones, una política seria y razonable en materia de digitalización y la eliminación de los recortes salariales, según consta en el manifiesto, que precisa que hace casi diez años jueces y magistrados de toda España iniciaron una serie de movilizaciones en reivindicación de la modernización de la Justicia, que finalizó con una jornada de huelga.

En mayo de 2017, añade, todas las asociaciones de jueces y fiscales elaboraron, de forma consensuada, una lista de medidas indispensables para mejorar la Justicia española y, «una vez más, la callada fue la respuesta», por lo que ayer decidieron afrontar una nueva jornada de huelga.

Consideran que las medidas de protesta se han mostrado como «el único camino frente al silencio de los sucesivos gobiernos» por lo que esperan contar con el apoyo de los profesionales, pero, sobre todo, confían en los ciudadanos, «en los que creen en el Estado de Derecho y su fortaleza».