Los menores con medidas judiciales podrán cumplir la prestación en Arsido
Los menores con medidas judiciales podrán cumplir la prestación en beneficio de la comunidad en la Asociación Riojana para el Síndrome de Down (Arsido), ha afirmado este miércoles el consejero de Políticas Sociales, Conrado Escobar.
Escobar ha asistido a la firma del acuerdo de colaboración entre Arsido y la Fundación Pioneros para que los menores con medidas judiciales desarrollen la prestación en beneficio de la comunidad trabajando con personas con síndrome de Down.
El consejero ha explicado que la prestación en beneficio de la comunidad es una de las medidas que mejor cumple el objetivo de reeducar y reinsertar socialmente a los menores porque «les ayuda a responsabilizarse de su conducta, a madurar y a comprender las consecuencias de sus actos».
Sus datos indican que, en 2016, un total de 178 jóvenes participaron en el Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto, que comprenden libertades vigiladas, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socio-educativas, y reparaciones; y de ellos, 55 cumplieron prestaciones en beneficio de la comunidad.
Ha añadido que un 72 % del total fueron hombres, frente al 28 % de mujeres; y los usuarios del programa son menores de entre 14 y 18 años y un 2 % tiene más de 18 años, aunque cometieron el delito siendo menores.
El año pasado aumentó significativamente el número de expedientes en las franjas de edad de entre 14 y 15 años y disminuyó el de mayores de 17 años, al igual que ocurrió en el ejercicio anterior.
La mayoría de usuarios del programa son de origen y nacionalidad española, aunque también se han atendido menores de otras nacionalidades y se mantiene la diversidad de procedencias.
Ha explicado que la prestación en beneficio de la comunidad es una medida judicial que se desarrolla en medio abierto, impuesta a instancia del Juzgado de Menores y se engloba en el Programa de Medidas Judiciales que, en el caso de La Rioja, gestiona el Gobierno regional a través de Pioneros, que se encarga de localizar entidades y colectivos en los que los menores puedan cumplir las medidas judiciales impuestas.





